Pacto Nacional de Convivencia

Manifiesto

Ciudadanos: como nación caminamos en el filo de la anarquía y los peligros a los que el desorden imperante nos expone debe hacernos reflexionar y actuar en consecuencia.

Entender el vacío de poder que se experimenta en la tensa situación que la falta de autoridad del Estado genera – falta de autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial – frente al crecimiento y poder del crimen organizado, es suficiente como para buscar un Pacto Nacional de Convivencia para preservar y reconstruir, lo poco que va quedando del sueño democrático en Guatemala.

Interpretar los incidentes que hemos venido viviendo como solas y simples fallas de la administración del gobierno actual, es pecar de ingenuos y de corta visión de nuestro complejo social nacional histórico y estructural.

Atendiendo la complejidad que muestran los momentos de crisis articulados entre si – crisis estructurales como el hambre, la desnutrición, inseguridad y carencia de infraestructura básica; crisis recurrentes en el sector justicia, desde la PNC, pasando por el MP y las diferentes instancias de jueces y magistrados; crisis en un sistema educativo y de salud que ya no dan más; crisis recurrente en el sistema penitenciario; crisis recurrente en el tránsito de nuestras calles, crisis recurrentes en el funcionamiento hasta de los drenajes de nuestras ciudades principales y en fin, crisis que provoca ya niveles de frustración y falta de esperanza colectiva; en mi calidad de ciudadano insto y propongo:

Estructurar un Acuerdo Nacional de Convivencia

en el que, los tres poderes del Estado y un Consejo de Ciudadanos Notables en el que se representen todos los Municipios del País, podamos definir en los próximo 100 días, la ruta de acciones claves para salir de la anarquía y el desorden imperante.

 Yo me comprometo a poner sobre la mesa, un borrador mártir del 

Pacto Nacional de Convivencia.

¡Queremos una Educación de Excelencia en Cobertura, Calidad y Cantidad!

No más presupuesto para el 2018,  No más deuda pública y No más ineptitud.

Hoy concentraremos nuestro esfuerzo en hablar del despilfarro de dinero que hemos tenido en la educación del Estado, tarea que bien merecería ser trabajada con extrema y gran atención de las autoridades de turno en el Ministerio de Educación, sin desperdiciar ni un solo centavo de lo que se le asigna a tan crítica e indispensable labor, pero todo ha sido palabrerío y verborrea para disfrazar la ineptitud y que nada avance. Así, nuestros niños y niñas están condenados a seguir siendo pobres y sin acceso a posibilidades de crear un mejor futuro.

Antes de entrar en materia, quiero recordarles que, en los últimos once años, desde el 2006 al cierre del año 2016, mantener al gobierno nos costó la pequeña suma de Q554,442.8 Millardos (Quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos, punto ocho miles de millones de Quetzales). Es una cifra inimaginable que ha servido fundamentalmente para gastar en funcionamiento cada vez más, pagar intereses y deuda interna y externa; y en menor proporción hacer una que otra inversión, pero nunca la inversión ha sido prioritaria ni en salud ni educación, como ahora tampoco es en infraestructura vial o puerto y aeropuertos.

Todo esa multimillonaria cifra de dinero, pagada en forma de impuestos o incremento en deudas, ha estimulado la CORRUPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL y la INEPTITUD de quienes gobiernan. Guatemala ha sido desde el Estado, un paraíso de quienes han querido hacerse ricos a costillas de nuestra pobreza en todos los campos. Mentira tras mentira, campaña tras campaña y en todo esto, la complicidad de CRIMINALES disfrazados de empresarios y políticos.

¡Ya no más, que se escuche bien! Hoy, desde PROGT, estamos buscando compartir y crear conciencia ciudadana para que juntos y unidos, como pueblo, influyamos en los diputados actuales y que no vayan estos a seguir la danza de los millones vía la corrupción de nuestros funcionarios públicos en componenda con CRIMINALES DE CUELLO BLANCO que se dicen empresarios o bien la ineptitud de nuestros administradores del Gobierno.

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